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¿CUÁNDO MIRAR EL MÓVIL, LEER MENSAJES O ACCEDER A DATOS DE OTRA PERSONA ES DELITO?

4 nov
16 min de lectura

¿Mirar el móvil, leer WhatsApp o acceder a datos de otra persona es delito? Artículo 197 del Código Penal

Autor: Raúl David Gómez Aguirre – Abogado

Sí, acceder deliberadamente al móvil, correo electrónico, mensajes o datos privados de otra persona sin autorización puede constituir un delito contra la intimidad. Pero no cualquier contacto con un teléfono ajeno, ni cualquier acceso irregular, permite afirmar automáticamente que se haya cometido el artículo 197 del Código Penal.

La clave está en determinar qué se hizo exactamente, qué información se consultó, cómo se accedió, si existía consentimiento y cuál era su alcance.

El artículo 197 CP protege frente al apoderamiento de documentos y mensajes, la interceptación de comunicaciones, el acceso no autorizado a datos personales y su posterior revelación. Además, el artículo 197 bis regula específicamente determinados accesos ilícitos a sistemas de información cuando se vulneran medidas de seguridad.

En la práctica, una diferencia aparentemente pequeña puede cambiar completamente el resultado:

saber la contraseña no significa necesariamente tener permiso para leer los mensajes.

Y que un teléfono esté desbloqueado tampoco convierte en pública la información que contiene.


¿Qué protege realmente el artículo 197 del Código Penal?


El artículo 197 se encuentra dentro de los delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio.

Su finalidad es proteger el ámbito de información personal que cada individuo puede razonablemente mantener apartado del conocimiento de terceros.

Actualmente una parte muy importante de esa intimidad se encuentra almacenada en dispositivos electrónicos:

  • conversaciones privadas;

  • mensajes;

  • correos electrónicos;

  • fotografías;

  • vídeos;

  • datos médicos;

  • información bancaria;

  • documentos;

  • claves;

  • historial personal;

  • información familiar;

  • datos relacionados con la vida sexual.


El teléfono móvil se ha convertido, por ello, en uno de los principales espacios de concentración de información privada.

El Tribunal Supremo ya destacó en la STS núm. 544/2016, de 21 de junio, Sala Segunda, rec. núm. 10139/2016, ECLI:ES:TS:2016:3044, la enorme capacidad de los teléfonos actuales para almacenar comunicaciones, fotografías, vídeos y datos personales y la especial intensidad con la que pueden quedar afectados los derechos a la intimidad, al secreto de las comunicaciones y a la protección de datos.


¿Qué conductas castiga el artículo 197 CP?


El artículo 197 contiene varias modalidades diferentes. No todas exigen exactamente lo mismo ni tienen la misma pena.

Conducta

Regulación principal

Apoderarse de papeles, mensajes, correos o efectos personales para descubrir secretos o vulnerar la intimidad

Art. 197.1 CP

Interceptar telecomunicaciones o utilizar medios técnicos de escucha o grabación

Art. 197.1 CP

Acceder, utilizar, modificar o apoderarse sin autorización de determinados datos personales o familiares

Art. 197.2 CP

Difundir o revelar información ilícitamente obtenida

Art. 197.3 CP

Determinadas conductas cometidas por responsables de archivos o utilizando datos personales de la víctima

Art. 197.4 CP

Ataques sobre determinados datos especialmente sensibles o contra menores o personas especialmente protegidas

Art. 197.5 CP

Conductas realizadas con finalidad lucrativa

Art. 197.6 CP

Difusión no autorizada de determinadas imágenes o grabaciones íntimas obtenidas inicialmente con consentimiento

Art. 197.7 CP

Acceso ilícito a sistemas vulnerando medidas de seguridad

Art. 197 bis CP


El tipo básico del artículo 197.1 establece prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses. El apartado segundo parte del mismo marco penal.


¿Mirar el móvil de otra persona puede ser delito?


Sí.

No es necesario robar físicamente el teléfono ni llevárselo.

Puede existir responsabilidad penal cuando una persona toma o utiliza el dispositivo ajeno y accede deliberadamente a información privada para conocer secretos o vulnerar la intimidad de su titular.

Esto resulta especialmente claro después de la STS 544/2016.

En aquel asunto, el acusado tomó el teléfono móvil de su exesposa para obtener información sobre la relación sentimental que esta mantenía con otra persona y comenzó a leer en voz alta mensajes privados almacenados en el terminal.

El teléfono no tenía activada contraseña ni PIN.

Eso no impidió la condena por descubrimiento y revelación de secretos.

El Tribunal Supremo consideró penalmente relevante el acceso a los mensajes privados aunque el dispositivo pudiera abrirse físicamente sin superar ninguna contraseña.

Que un móvil esté desbloqueado no significa que su propietario haya autorizado a otra persona a revisar sus conversaciones.

¿Puedo mirar el móvil de mi pareja si conozco su contraseña?

Conocer la contraseña no equivale por sí solo a tener autorización.

Esta es una de las situaciones más frecuentes.

En una relación sentimental puede ocurrir que ambos miembros:

  • conozcan sus PIN;

  • compartan dispositivos;

  • conozcan contraseñas;

  • permitan ocasionalmente utilizar el teléfono;

  • tengan cuentas abiertas en dispositivos comunes.

Pero jurídicamente hay que diferenciar entre:

tener capacidad material para entrar y

tener autorización para acceder a determinada información privada.

Una persona puede facilitar su código para que su pareja:

  • haga una llamada;

  • consulte un mapa;

  • cambie una canción;

  • responda a un mensaje concreto;

sin que de ello pueda deducirse necesariamente un permiso general para revisar conversaciones antiguas, fotografías, correos o documentos personales.

La relación sentimental tampoco elimina el derecho a la intimidad.

La STS 544/2016 es especialmente ilustrativa porque el acceso se produjo precisamente respecto del móvil de una exesposa y el Tribunal Supremo trató el contenido almacenado en el terminal como un ámbito protegido frente a la intromisión no consentida.


¿Y si siempre hemos compartido las contraseñas?

Puede ser relevante, pero no resuelve automáticamente el caso.

El consentimiento puede ser:

  • expreso;

  • inferido de determinadas conductas;

  • limitado a ciertas finalidades;

  • revocable.

En un procedimiento penal habrá que reconstruir exactamente qué autorización existía.

Entre otras cuestiones:

  • ¿se compartía realmente el teléfono?

  • ¿se permitía revisar mensajes?

  • ¿solo se conocía el código por comodidad?

  • ¿la autorización continuaba vigente?

  • ¿había terminado la relación?

  • ¿se había pedido expresamente que no se accediera?

  • ¿se cambió la contraseña?

  • ¿qué información concreta se consultó?

Una autorización puntual no debe convertirse automáticamente en una autorización ilimitada.

¿Qué ocurre si simplemente veo una notificación en la pantalla?

Ver accidentalmente una notificación no equivale por sí solo a cometer el delito.

El artículo 197.1 exige una conducta orientada a descubrir secretos o vulnerar la intimidad de otro y contempla actos como el apoderamiento de documentos o mensajes o la interceptación de comunicaciones.

No es lo mismo:

ver casualmente en una pantalla iluminada el comienzo de un mensaje

que:

coger conscientemente el teléfono, abrir la conversación y revisar los mensajes para conocer su contenido.

La existencia de una actuación deliberada y la finalidad perseguida son cuestiones centrales para determinar la relevancia penal.

¿Leer conversaciones de WhatsApp puede constituir delito?

Sí, cuando se accede deliberadamente y sin consentimiento a conversaciones privadas en las circunstancias contempladas por el Código Penal.

El hecho de que las comunicaciones se encuentren almacenadas en una aplicación de mensajería no elimina su carácter privado.

La STS 544/2016 confirmó la relevancia penal de leer mensajes privados almacenados en el móvil ajeno para conocer aspectos íntimos de la vida sentimental de su titular.

Para valorar un caso concreto habrá que analizar:

  • quién era titular del teléfono;

  • cómo se accedió;

  • si existía autorización;

  • qué conversaciones fueron consultadas;

  • con qué finalidad;

  • y si posteriormente fueron divulgadas.

¿Entrar en el correo electrónico de otra persona puede ser delito?

Sí.

El propio artículo 197.1 menciona expresamente los mensajes de correo electrónico entre los elementos protegidos.

Acceder deliberadamente a una cuenta ajena para consultar comunicaciones privadas puede adquirir relevancia penal.

La situación es todavía más clara cuando para acceder se utilizan:

  • contraseñas obtenidas sin permiso;

  • mecanismos de recuperación de cuenta;

  • códigos enviados al teléfono de la víctima;

  • herramientas de vigilancia;

  • programas espía.

Dependiendo de cómo se produzca técnicamente el acceso, además del artículo 197 puede ser necesario valorar el artículo 197 bis.

No todo acceso a un correo u ordenador ajeno constituye automáticamente delito

Esta precisión es importante.

La STS núm. 358/2007, de 30 de abril, Sala Segunda, rec. núm. 1805/2006, ECLI:ES:TS:2007:3916, analizó el acceso a un ordenador de titularidad pública utilizado dentro de una sociedad municipal.

Se abrió e imprimió un correo relacionado con cuestiones administrativas y urbanísticas.

El Tribunal Supremo confirmó la absolución porque las circunstancias declaradas probadas no permitían apreciar la finalidad de descubrir secretos o vulnerar la intimidad personal exigida por el artículo 197.1 y porque el contenido obtenido no pertenecía a aquel ámbito íntimo que pretendía protegerse.

La enseñanza sigue siendo importante:

El Código Penal no convierte cualquier acceso irregular a un ordenador o correo ajeno en un delito contra la intimidad. Debe analizarse qué se buscaba, qué se obtuvo y qué ámbito de privacidad resultó afectado.

El propio borrador de partida utilizaba correctamente esta sentencia para destacar que el contexto y la naturaleza de la información consultada pueden modificar completamente la valoración penal.

Artículo 197.2: acceder a datos personales sin autorización

El apartado segundo amplía la protección más allá de las conversaciones.

Castiga determinadas conductas realizadas sin autorización sobre datos reservados de carácter personal o familiar registrados en:

  • ficheros;

  • soportes informáticos;

  • soportes electrónicos;

  • soportes telemáticos;

  • archivos públicos;

  • archivos privados.

Incluye no solo el apoderamiento, utilización o modificación, sino también determinados accesos no autorizados.

Este apartado ha adquirido especial importancia con la digitalización de prácticamente toda nuestra información personal.

STS 849/2025: acceder a las claves y al contenido de un ordenador personal puede ser delito

La jurisprudencia más reciente aporta un criterio especialmente relevante.

La STS núm. 849/2025, de 16 de octubre, Pleno de la Sala Segunda, rec. núm. 2467/2022, ECLI:ES:TS:2025:4646, ROJ STS 4646/2025, analizó el acceso no autorizado a un ordenador personal y a sus archivos.

El Tribunal Supremo destacó que una clave informática puede constituir por sí misma un dato personal reservado, porque identifica virtualmente a su titular y permite acceder a su información.

La sentencia recuerda además que los datos personales automatizados reciben protección penal y que el concepto de dato reservado no debe confundirse simplemente con aquello que popularmente llamaríamos un “secreto”.

La Sala también precisó una cuestión especialmente importante respecto del perjuicio exigido por el artículo 197.2:

  • si se trata de datos especialmente sensibles, su propia naturaleza puede determinar la relevancia del perjuicio;

  • en otros casos deberá acreditarse;

  • pero el acceso indiscriminado a todo el contenido de un ordenador personal puede integrar por sí mismo el perjuicio típico, dada la amplitud de información personal que normalmente contiene.

Esta sentencia refuerza significativamente la protección penal de la información almacenada en dispositivos personales.

¿Qué diferencia hay entre el artículo 197 y el artículo 197 bis?

No son exactamente lo mismo.

Artículo 197

Protege principalmente:

  • secretos;

  • comunicaciones;

  • documentos;

  • efectos personales;

  • datos personales o familiares;

  • imágenes;

  • intimidad.

Artículo 197 bis

Se centra en el acceso ilícito al sistema informático.

Su apartado primero castiga a quien, sin autorización, accede o facilita el acceso a un sistema de información vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, o se mantiene en él contra la voluntad de quien tiene derecho a excluirlo.

La pena es de:

prisión de seis meses a dos años.

Por tanto, puede ser relevante diferenciar entre:

acceder a datos personales protegidos

y

penetrar ilícitamente en un sistema informático vulnerando sus medidas de seguridad.

Dependiendo de la forma de acceso y de lo que posteriormente se haga con los datos, pueden plantearse distintos preceptos.

¿Adivinar o conseguir una contraseña puede tener relevancia penal?

Sí.

La STS 849/2025 ha reforzado la consideración de determinadas claves como datos personales protegidos.

Además, el artículo 197 ter castiga, bajo determinados requisitos, la producción, adquisición, importación o facilitación de programas, contraseñas, códigos de acceso o datos similares destinados a facilitar la comisión de los delitos de los artículos 197.1, 197.2 o 197 bis.

No significa que conocer cualquier contraseña ajena sea automáticamente delito.

La valoración dependerá de:

  • cómo se obtuvo;

  • para qué;

  • qué uso se hizo;

  • si existía autorización;

  • y qué información se accedió.

Acceder a datos de salud, vida sexual o creencias puede agravar el delito

El artículo 197.5 establece una protección reforzada cuando los hechos afectan a determinados datos especialmente sensibles.

Entre ellos figuran los relativos a:

  • ideología;

  • religión;

  • creencias;

  • salud;

  • origen racial;

  • vida sexual.

También se aplica la agravación cuando la víctima es menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección.

En estos casos se imponen las penas correspondientes en su mitad superior.

La STS 849/2025 recuerda precisamente la especial consideración de los datos de salud, vida sexual, origen étnico, creencias y otros datos particularmente sensibles.

¿Qué ocurre si accedo a una historia clínica sin estar autorizado?

Puede existir responsabilidad penal si concurren los requisitos correspondientes.

El hecho de trabajar en:

  • un hospital;

  • una clínica;

  • una residencia;

  • una aseguradora;

  • una Administración;

y disponer técnicamente de acceso a determinados sistemas no autoriza a consultar cualquier información por curiosidad o por motivos personales.

El artículo 197.4 establece además un supuesto agravado cuando determinadas conductas son realizadas por personas encargadas o responsables de los ficheros, soportes, archivos o registros.

Debe diferenciarse, no obstante, entre:

  • acceso autorizado por razón profesional;

  • acceso técnicamente posible pero funcionalmente no autorizado;

  • incumplimiento administrativo;

  • y conducta penalmente típica.

La responsabilidad dependerá siempre de las circunstancias y de la concreta participación del investigado.

¿Qué ocurre si después comparto los mensajes o datos que he obtenido?

La difusión puede agravar considerablemente la responsabilidad.

El artículo 197.3 prevé prisión de dos a cinco años cuando se difunden, revelan o ceden a terceros los datos, hechos o imágenes descubiertos mediante las conductas de los apartados anteriores.

Además, puede responder también quien no participó en la obtención inicial pero, conociendo el origen ilícito de la información, la difunde, revela o cede posteriormente.

Para este segundo supuesto se prevé:

prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses.

Esto significa que jurídicamente hay que distinguir:

acceder ilícitamente

de

difundir posteriormente lo obtenido.

Son conductas diferentes y pueden tener consecuencias penales distintas.

¿Compartir una fotografía íntima que me enviaron voluntariamente puede ser delito?

Sí.

El artículo 197.7 regula específicamente esta situación.

Castiga a quien, sin autorización, difunde, revela o cede imágenes o grabaciones audiovisuales de otra persona que había obtenido inicialmente con su anuencia en un ámbito privado, siempre que la divulgación menoscabe gravemente su intimidad.

La pena básica es:

prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses.

La idea fundamental es sencilla:

Consentir que una persona reciba una imagen íntima no significa autorizarla para compartirla.

STS 70/2020: recibir voluntariamente una foto íntima no autoriza a reenviarla

La STS núm. 70/2020, de 24 de febrero, Sala Segunda, rec. núm. 3335/2018, ECLI:ES:TS:2020:492, ROJ STS 492/2020, constituye la sentencia fundamental sobre el artículo 197.7.

La víctima había enviado voluntariamente una fotografía suya desnuda al acusado.

Este la remitió posteriormente, sin autorización, a otra persona.

El Tribunal Supremo confirmó la condena.

La sentencia estableció, entre otras cuestiones, que:

  • también “obtiene” la imagen quien la recibe voluntariamente de la víctima;

  • la víctima no renuncia a su intimidad por enviar la fotografía a alguien de su confianza;

  • no es necesaria una difusión masiva;

  • la cesión a una sola persona puede ser suficiente;

  • el contenido protegido no tiene por qué ser exclusivamente sexual: lo decisivo es que la difusión produzca un grave menoscabo de la intimidad.

El Tribunal lo resume mediante una idea especialmente clara: el núcleo del delito no está en haber recibido legítimamente la fotografía, sino en difundir posteriormente una imagen íntima que había sido confiada al autor para un ámbito limitado.

¿Y quien recibe la imagen y vuelve a reenviarla?

La legislación actual contempla también este supuesto.

Desde la reforma operada por la Ley Orgánica 10/2022, el artículo 197.7 castiga expresamente a quien, habiendo recibido las imágenes o grabaciones íntimas, las difunde, revela o cede posteriormente sin consentimiento.

La pena en este supuesto es:

multa de uno a tres meses.

Por tanto, ya no debe pensarse únicamente en quien recibió originalmente la fotografía de la víctima.

La difusión sucesiva también puede tener respuesta penal.

¿Se agrava si quien difunde la imagen es la pareja o expareja?

Sí.

En los supuestos del artículo 197.7 la pena se impone en su mitad superior cuando:

  • el autor es o ha sido cónyuge;

  • existe o existió análoga relación de afectividad, incluso sin convivencia;

  • la víctima es menor de edad;

  • la víctima es una persona con discapacidad necesitada de especial protección;

  • o existe finalidad lucrativa.

Esta previsión tiene especial relevancia en los supuestos conocidos habitualmente como revenge porn o difusión íntima tras una ruptura sentimental.

¿Qué pasa si accedo al móvil para obtener pruebas de una infidelidad?

La finalidad de demostrar una infidelidad no concede por sí sola autorización para acceder a la intimidad ajena.

La STS 544/2016 es nuevamente significativa: el acusado accedió precisamente al teléfono de su exesposa buscando información sobre su relación con otra persona, y ese propósito no legitimó la consulta de los mensajes privados.

El Derecho penal no reconoce un derecho general de investigación privada sobre el teléfono de la pareja.

Otra cuestión será la valoración concreta de los hechos, del consentimiento existente y del modo en que se obtuvo la información.

¿Y si los archivos privados se obtienen utilizando programas espía?

La utilización de herramientas informáticas para acceder clandestinamente a archivos privados puede dar lugar a responsabilidad especialmente grave.

La STS núm. 377/2018, de 23 de julio, analizó un supuesto en el que el acusado se había apoderado subrepticiamente, mediante herramientas informáticas, de fotografías y archivos privados de contenido sexual almacenados por las víctimas.

El Tribunal consideró la conducta encuadrable en los delitos contra la intimidad de los apartados 1 y 2 del artículo 197 y tuvo en cuenta el carácter especialmente sensible de la información afectada.

Cuando además se vulneran medidas de seguridad o se utilizan instrumentos destinados al acceso ilícito, pueden resultar relevantes los artículos 197 bis y 197 ter.

¿Qué pasa si un empleado accede a datos que puede consultar por su trabajo?

Tener acceso técnico no significa necesariamente tener autorización para cualquier uso.

Un trabajador puede estar habilitado para consultar determinados datos exclusivamente para:

  • atender a un cliente;

  • tramitar un expediente;

  • prestar asistencia sanitaria;

  • realizar una gestión administrativa.

Si utiliza ese acceso para consultar información privada por razones personales, difundirla o utilizarla para otra finalidad, la situación puede adquirir relevancia penal.

Pero no toda infracción de un protocolo interno constituye automáticamente delito.

Hay que analizar:

  • qué funciones tenía;

  • qué autorización concreta existía;

  • qué datos consultó;

  • con qué finalidad;

  • si existía perjuicio;

  • y si concurren los requisitos de alguno de los apartados del artículo 197.

¿Es necesario causar un perjuicio para que exista delito?

Depende de la modalidad concreta.

En el artículo 197.2, la jurisprudencia ha venido exigiendo el elemento de perjuicio también respecto del simple acceso.

La STS 849/2025 distingue:

  • datos especialmente sensibles, cuya propia naturaleza puede satisfacer esta exigencia;

  • y otros datos, respecto de los cuales debe acreditarse el perjuicio.

Sin embargo, la propia sentencia afirma que el acceso indiscriminado a todo el contenido de un ordenador personal puede integrar el perjuicio típico por la gran cantidad y variedad de información privada potencialmente afectada.

Por ello, no puede trasladarse una regla idéntica a todas las modalidades del artículo 197.

¿Hace falta que otra persona llegue a conocer el secreto?

No siempre.

En determinadas modalidades el delito puede consumarse con el propio acceso o apoderamiento cuando concurren los elementos exigidos.

La difusión posterior constituye otra conducta y, en algunos supuestos, una agravación específica.

La STS 358/2007 ya distinguía entre el acto de apoderamiento o acceso y el efectivo descubrimiento posterior del contenido, subrayando además la importancia del elemento subjetivo en el artículo 197.1.

¿Qué pasa si han accedido a mi móvil o correo?

La primera cuestión es preservar la prueba.

Pueden resultar relevantes:

  • mensajes;

  • avisos de inicio de sesión;

  • correos de recuperación de contraseña;

  • dispositivos conectados;

  • registros de accesos;

  • fotografías;

  • capturas de pantalla;

  • cambios de contraseña;

  • comunicaciones del autor;

  • testigos;

  • copias de seguridad;

  • metadatos;

  • informes periciales.

Cuando existe sospecha de manipulación de dispositivos, puede ser especialmente importante una pericial informática que permita determinar:

  • qué dispositivo accedió;

  • cuándo;

  • desde qué cuenta;

  • qué archivos fueron abiertos;

  • qué datos se copiaron;

  • si existieron programas espía;

  • y si la información fue posteriormente transmitida.

¿Necesito denunciar personalmente para que se investigue?

Como regla general, los delitos de este capítulo requieren denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

Así lo establece el artículo 201 CP.

No obstante, la denuncia no es necesaria en determinados supuestos, entre ellos:

  • hechos cometidos por autoridad o funcionario en las condiciones del artículo 198;

  • afectación de intereses generales;

  • pluralidad de personas;

  • víctima menor de edad;

  • víctima con discapacidad necesitada de especial protección.

El propio artículo 201 regula también los efectos del perdón del ofendido en estos delitos.

Si me han denunciado por mirar un móvil o acceder a una cuenta, ¿qué debe analizar la defensa?

Una investigación por artículo 197 CP no debería abordarse simplemente desde la afirmación:

“Entró en mi móvil.”

Hay que reconstruir técnicamente qué ocurrió.

1. ¿Qué conducta concreta se atribuye?

No es igual:

  • leer mensajes;

  • copiar fotografías;

  • entrar en una cuenta;

  • obtener una contraseña;

  • acceder a una base de datos;

  • difundir posteriormente la información.

2. ¿Existía consentimiento?

Y, si existía:

  • ¿para qué?

  • ¿hasta dónde?

  • ¿seguía vigente?

3. ¿Qué información se consultó?

La naturaleza de los datos puede modificar sustancialmente la calificación.

4. ¿Cómo se produjo técnicamente el acceso?

Puede ser relevante distinguir entre:

  • teléfono desbloqueado;

  • contraseña conocida;

  • clave obtenida sin autorización;

  • acceso remoto;

  • programa espía;

  • vulneración de medidas de seguridad.

5. ¿Existió finalidad de descubrir secretos o vulnerar la intimidad?

Especialmente relevante respecto del artículo 197.1.

6. ¿Existió perjuicio?

Particularmente importante en el artículo 197.2.

7. ¿Se difundió posteriormente la información?

La divulgación puede dar lugar a una modalidad penal diferente y más grave.

La prueba digital es decisiva

En este tipo de procedimientos la versión de las partes puede ser importante, pero frecuentemente existe una gran cantidad de prueba objetiva.

Pueden examinarse:

  • teléfonos;

  • ordenadores;

  • sesiones abiertas;

  • IP;

  • registros de actividad;

  • cuentas vinculadas;

  • copias de seguridad;

  • archivos descargados;

  • logs;

  • historiales;

  • mensajes;

  • metadatos.

La cadena de custodia y la metodología empleada para obtener y analizar los dispositivos también pueden ser esenciales.

Una captura de pantalla aislada no siempre permite reconstruir por sí sola:

  • quién realizó el acceso;

  • desde qué dispositivo;

  • cuándo;

  • ni cómo se obtuvo la información.

Por ello, la valoración penal debe hacerse sobre el conjunto de la evidencia disponible.

La jurisprudencia deja una idea clara: no todo acceso es delito, pero la intimidad digital está fuertemente protegida

La evolución jurisprudencial permite extraer cuatro criterios especialmente útiles.

STS 358/2007: no todo acceso a un ordenador o correo ajeno constituye automáticamente delito; hay que analizar la finalidad y si la información pertenece realmente al ámbito protegido por la intimidad.

STS 544/2016: leer mensajes privados en el teléfono de la pareja o expareja puede constituir delito incluso aunque el dispositivo no tenga contraseña o PIN.

STS 70/2020: recibir voluntariamente una imagen íntima no autoriza a difundirla y basta incluso la cesión a una sola persona cuando concurren los restantes requisitos.

STS 849/2025: el acceso no consentido a datos y claves de un ordenador personal puede integrar el artículo 197.2, y el acceso indiscriminado a su contenido puede satisfacer el perjuicio típico exigido por la norma.

Gómez Aguirre Abogados: defensa penal en delitos contra la intimidad y revelación de secretos

Los procedimientos relacionados con móviles, correos electrónicos, fotografías o datos personales suelen depender de detalles técnicos muy concretos.

No basta con saber que alguien tuvo acceso a un dispositivo.

Es necesario determinar:

  • qué información obtuvo;

  • qué autorización existía;

  • cómo se produjo el acceso;

  • qué finalidad perseguía;

  • si se vulneraron medidas de seguridad;

  • si hubo difusión;

  • y qué prueba digital permite atribuir realmente los hechos a una persona.

En Gómez Aguirre Abogados analizamos la denuncia, los dispositivos, las comunicaciones y la prueba informática para determinar qué modalidad delictiva podría resultar aplicable y plantear la estrategia de defensa o acusación adecuada al caso.

Preguntas frecuentes sobre el artículo 197 del Código Penal

¿Leer el WhatsApp de otra persona es delito?

Puede serlo. Si se accede deliberadamente y sin autorización a conversaciones privadas para conocer información íntima, pueden concurrir los requisitos del artículo 197 CP.

¿Puedo mirar el móvil de mi pareja si conozco el PIN?

No existe una autorización automática por conocerlo. Debe analizarse para qué se facilitó la contraseña y cuál era el alcance real del consentimiento.

¿Y si el teléfono estaba desbloqueado?

También puede existir delito. La STS 544/2016 analizó precisamente un teléfono sin contraseña o PIN y confirmó la relevancia penal del acceso a mensajes privados.

¿Es delito entrar en el correo electrónico de mi pareja?

Puede serlo. El correo electrónico está expresamente contemplado por el artículo 197.1 CP.

¿Es delito compartir una foto íntima que me enviaron voluntariamente?

Sí, puede serlo. El artículo 197.7 protege frente a la difusión no consentida de determinadas imágenes íntimas aunque inicialmente fueran entregadas voluntariamente.

¿Puedo reenviar una fotografía íntima que otra persona me ha reenviado?

Puede existir responsabilidad penal. La regulación vigente castiga expresamente, con determinadas condiciones, a quien recibe esas imágenes y posteriormente las vuelve a difundir sin consentimiento.

¿Es delito utilizar una contraseña que conozco?

Depende de cómo se obtuvo, para qué fue facilitada y del acceso realizado. La STS 849/2025 ha destacado además que determinadas claves constituyen datos personales protegidos.

¿Qué diferencia existe entre el artículo 197 y el 197 bis?

El artículo 197 protege secretos, comunicaciones, datos e intimidad; el artículo 197 bis se refiere específicamente a determinados accesos ilícitos a sistemas de información vulnerando medidas de seguridad.

¿Puede ser delito consultar una historia clínica por curiosidad?

Sí, potencialmente. Los datos de salud reciben una protección especialmente intensa y su consulta profesional debe estar autorizada y vinculada a las funciones correspondientes.

¿Hace falta que la víctima presente denuncia?

Como regla general, sí, aunque el artículo 201 CP establece excepciones, entre ellas determinados casos que afectan a menores, personas especialmente protegidas, intereses generales o pluralidad de personas.


 
 
 

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