CBD ESPAÑA 2026: STS 1993/2026 y Dosis mínima psicoactiva. ¿Cambio de paradigma?
- Raúl Gómez
- 20 jun
- 8 min de lectura
La última sentencia del Tribunal Supremo sobre CBD y THC cambia el escenario jurídico para flores, resinas, envíos y stock comercial
La reciente Sentencia del Tribunal Supremo 301/2026, de 23 de abril de 2026, identificada como STS 1993/2026, ha generado una profunda preocupación en el sector del CBD en España.
Y el motivo es claro: el Tribunal Supremo introduce un criterio que puede afectar directamente a tiendas CBD, distribuidores, importadores, grow shops, empresas de cáñamo industrial, operadores logísticos y particulares investigados por flores o resinas de CBD.
Hasta ahora, muchas defensas penales en procedimientos relacionados con flores CBD, resinas CBD o productos derivados del cáñamo industrial se centraban en tres grandes argumentos:
El porcentaje de THC del producto.
La fórmula de psicoactividad.
La diferencia entre cannabis tipo fibra y cannabis tipo droga conforme al protocolo ST/NAR/40.
Sin embargo, con esta nueva sentencia, el foco del debate penal puede desplazarse hacia un punto mucho más peligroso para el sector: la cantidad total de THC presente en el conjunto del producto intervenido.
Y ahí empieza el verdadero problema.
El criterio tradicional: porcentaje de THC, ST/NAR/40 y cannabis tipo fibra
Durante años, una de las principales líneas de defensa en procedimientos penales relacionados con CBD ha sido sostener que no toda flor de cannabis puede considerarse droga a efectos penales.
El argumento no era simplemente comercial. Era técnico, científico y jurídico.
El protocolo ST/NAR/40 de Naciones Unidas distingue entre cannabis tipo fibra y cannabis tipo droga atendiendo a la relación entre los principales cannabinoides presentes en la muestra: THC, CBN y CBD.
De forma simplificada:
Si la relación [THC + CBN] / CBD es inferior a 1, estaríamos ante cannabis tipo fibra.
Si la relación [THC + CBN] / CBD es superior a 1, estaríamos ante cannabis tipo droga.
Esta distinción ha sido clave en numerosos procedimientos penales relacionados con flores CBD y resinas CBD.
¿Por qué?
Porque muchos productos de CBD presentan bajo contenido en THC y alto contenido en CBD. Es decir, un perfil químico propio del cáñamo industrial o cannabis tipo fibra, no del cannabis droga tradicionalmente destinado a producir efectos psicoactivos.
Por eso, la defensa no debe limitarse nunca a discutir si existe THC.
La cuestión importante es mucho más profunda:
¿Estamos ante un producto con verdadera capacidad psicoactiva o ante un producto de cáñamo industrial con predominio de CBD?
Qué debe considerarse droga a efectos penales
El Derecho penal no castiga cualquier producto vegetal procedente del cannabis.
El artículo 368 del Código Penal castiga actos de cultivo, elaboración, tráfico o promoción del consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
Por tanto, para que exista delito contra la salud pública, no basta con afirmar que el producto procede de la planta de cannabis.
Debe acreditarse que la sustancia tiene capacidad real para afectar al bien jurídico protegido: la salud pública.
En otras palabras:
No todo producto con trazas de THC debe ser automáticamente tratado como droga penalmente relevante.
Una sustancia estupefaciente o psicotrópica debe ser capaz de producir los efectos que le son propios.
En el caso del cannabis, esa discusión se vincula fundamentalmente al THC y a su capacidad psicoactiva.
Por eso, cuando hablamos de flores CBD, resinas CBD o productos de cáñamo industrial, el análisis debe ser completo:
THC total.
CBD.
CBN.
Relación THC + CBN / CBD.
Cantidad total intervenida.
Capacidad psicoactiva real.
Destino del producto.
Forma de comercialización.
Presentación del producto.
Existencia o no de indicios de consumo o tráfico.
El nuevo problema: la dosis mínima psicoactiva de 10 mg de THC
La STS 1993/2026 introduce un problema especialmente delicado para el sector CBD.
El Tribunal Supremo toma en consideración la dosis mínima psicoactiva de THC utilizada tradicionalmente en la jurisprudencia penal, fijada en 10 miligramos de THC.
Esto cambia por completo el enfoque.
Hasta ahora, muchas tiendas y distribuidores centraban su defensa en el porcentaje de THC.
Por ejemplo:
“Mi producto tiene un 0,2 % de THC”.
Pero el problema surge cuando ese porcentaje se aplica sobre la cantidad total intervenida.
Porque una flor CBD con un 0,2 % de THC contiene aproximadamente 2 mg de THC por cada gramo de producto.
Por tanto:
5 gramos de flor CBD al 0,2 % de THC equivalen aproximadamente a 10 mg de THC.
Es decir:
5 g x 0,2 % THC = 10 mg de THC.
Y ahí está el problema.
Si se toma como referencia la dosis mínima psicoactiva de 10 mg de THC, cualquier cantidad superior a 5 gramos de flor CBD al 0,2 % podría ser utilizada para sostener que el producto intervenido supera la dosis mínima psicoactiva.
El argumento de riesgo contra las tiendas CBD
El razonamiento que puede empezar a utilizarse en procedimientos penales es especialmente peligroso:
“Como usted mismo sostiene que el producto tiene un 0,2 % de THC, damos ese porcentaje por válido. Pero la cantidad total intervenida supera los 10 mg de THC. Por tanto, alcanza la dosis mínima psicoactiva”.
El resultado práctico puede ser muy grave:
Producto intervenible.
Consideración de droga.
Apertura de diligencias penales.
Investigación por delito contra la salud pública.
Riesgo de condena.
Problemas para administradores, responsables de tienda, distribuidores y operadores logísticos.
Y esto no afecta solo a grandes plantaciones o cultivos ilegales.
Afecta directamente a tiendas CBD que tienen stock, envían pedidos, venden al público o transportan productos derivados del cáñamo.
El problema no está solo en la tienda física: también afecta a los envíos comerciales
Uno de los puntos más importantes de esta sentencia es su impacto en los envíos comerciales.
Muchas empresas CBD venden flores, resinas o productos derivados del cáñamo a través de internet.
Hasta ahora, la discusión podía centrarse en si el producto tenía bajo THC, si era cáñamo industrial, si estaba etiquetado como aromático o si no estaba destinado al consumo humano.
Pero con este nuevo enfoque, los envíos superiores a determinadas cantidades pueden generar un riesgo evidente.
Si una empresa envía más de 5 gramos de flor CBD al 0,2 % de THC, podría sostenerse que el envío supera los 10 mg de THC total.
Y si además el envío es comercial, el argumento penal puede ser mucho más grave:
No estaríamos ante una simple discusión sobre consumo propio.
No estaríamos ante una mera tenencia.
No estaríamos ante un producto aislado de bajo THC.
La acusación podría sostener que lo que se envía es una sustancia con capacidad psicoactiva suficiente y que la conducta constituye distribución o tráfico de droga.
Ese es el gran cambio de riesgo.
El problema ya no está únicamente en vender en tienda física.
Está en vender, almacenar, distribuir, enviar o transportar producto CBD cuando la cantidad total puede superar los 10 mg de THC.
Stock, almacén, transporte y distribución: el riesgo se multiplica
El criterio de la cantidad total intervenida puede ser especialmente perjudicial para empresas del sector.
Una tienda puede tener decenas o cientos de gramos de flores CBD en stock.
Un distribuidor puede almacenar kilos de producto.
Un operador logístico puede transportar paquetes comerciales.
Un importador puede recibir mercancía procedente de otro país europeo.
Si el análisis penal se centra en el THC total acumulado, incluso productos con bajo porcentaje de THC pueden superar fácilmente la dosis mínima psicoactiva cuando la cantidad intervenida es elevada.
Esto genera una situación de enorme inseguridad jurídica.
Empresarios que pagan impuestos, tienen locales abiertos, proveedores europeos, facturas, certificados, trazabilidad, clientes y actividad mercantil declarada pueden verse expuestos a intervenciones policiales, investigaciones penales, decomisos, citaciones, entradas y registros o procedimientos judiciales.
El problema es especialmente grave porque el mercado del CBD ha funcionado durante años en un escenario de falta de regulación clara, criterios policiales dispares y resoluciones judiciales contradictorias.
El destino de consumo: flores, resinas, cogollos, puritos y formatos sensibles
La STS 1993/2026 no analiza únicamente la composición química.
También presta especial atención al destino del producto.
Este punto es esencial.
No es lo mismo vender una materia prima industrial que vender flores, cogollos, resinas, puritos, cigarrillos o productos vegetales presentados de una forma que pueda interpretarse como destinada al consumo.
Los tribunales pueden valorar indicios como:
Formato de cogollo.
Puritos o cigarrillos.
Bolsitas individuales.
Resinas listas para uso.
Publicidad vinculada a efectos relajantes.
Ausencia de advertencia de “no apto para consumo humano”.
Venta al público general.
Venta online.
Envíos comerciales.
Accesorios vinculados al consumo.
Presentación similar al cannabis recreativo.
Por eso, el destino de consumo puede convertirse en una de las claves fundamentales de cualquier procedimiento penal relacionado con CBD.
La defensa no puede limitarse a discutir el porcentaje de THC.
Debe analizar también cómo se vendía el producto, cómo se etiquetaba, qué advertencias contenía, qué documentación lo acompañaba y qué finalidad real podía acreditarse.
¿Significa esto que todo el CBD es ilegal?
No.
La STS 1993/2026 no significa que todo el CBD sea ilegal.
Tampoco significa que todas las tiendas CBD estén cometiendo un delito.
Pero sí significa que el riesgo penal ha aumentado de forma notable para determinados productos vegetales derivados del cannabis cuando concurren varios factores:
Presencia de THC.
Cantidad total superior a la dosis mínima psicoactiva.
Formato destinado al consumo.
Venta comercial.
Envíos a terceros.
Falta de trazabilidad suficiente.
Etiquetado deficiente.
Ausencia de documentación técnica completa.
Presentación como flor, resina, cogollo, purito o producto fumable.
La diferencia entre un producto defendible y un procedimiento penal complejo puede estar en los detalles.
Por qué el sector CBD queda en una situación de inseguridad jurídica
El problema de fondo es que muchas empresas han venido actuando en un mercado tolerado, fiscalizado parcialmente y carente de una regulación clara y completa.
En la práctica, hay tiendas abiertas, productos declarados, proveedores europeos, facturas, certificados analíticos y operadores que actúan convencidos de estar dentro de la legalidad.
Sin embargo, siguen expuestos a:
Intervenciones policiales.
Decomisos de mercancía.
Citaciones como investigados.
Entradas y registros.
Procedimientos por delito contra la salud pública.
Sanciones administrativas.
Pérdida de stock.
Daño reputacional.
Bloqueo de actividad económica.
Y, en muchos casos, después de una intervención o incluso de una absolución, el problema vuelve a repetirse con nuevos procedimientos.
España necesita un criterio claro, técnico, coherente y completo para el sector del CBD.
No puede mantenerse indefinidamente una situación en la que un empresario puede comprar, declarar, almacenar y vender producto en un marco aparentemente mercantil, pero al mismo tiempo ser tratado penalmente como traficante de drogas dependiendo del criterio policial, fiscal o judicial aplicado en cada caso.
Defensa penal en procedimientos por CBD, THC y delitos contra la salud pública
Los procedimientos penales relacionados con CBD no pueden defenderse como un asunto genérico de tráfico de drogas.
Requieren conocimiento técnico específico.
La defensa debe dominar:
Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre cannabis y CBD.
Dosis mínima psicoactiva.
Diferencia entre THC, CBD y CBN.
Protocolo ST/NAR/40.
Cannabis tipo fibra y cannabis tipo droga.
Concepto penal de sustancia estupefaciente.
Capacidad real de producir efectos psicoactivos.
Cadena de custodia.
Informes periciales toxicológicos.
Legalidad de entradas y registros.
Delitos contra la salud pública.
Estrategia específica para tiendas, distribuidores y operadores del sector.
No se trata solo de decir que el producto tiene bajo THC.
Se trata de construir una defensa completa, técnica y jurídicamente sólida.
Gómez Aguirre Abogados: abogados especialistas en CBD, cannabis y delitos contra la salud pública
En Gómez Aguirre Abogados defendemos procedimientos relacionados con CBD, flores de cáñamo, resinas, grow shops, tiendas CBD, asociaciones cannábicas, intervenciones policiales, registros, envíos comerciales y delitos contra la salud pública en toda España.
Estudiamos cada caso desde el primer minuto, analizando la sustancia intervenida, la pericial, el porcentaje de THC, la cantidad total de THC, la aplicación del ST/NAR/40, el destino del producto y la legalidad de la actuación policial.
Si tu tienda CBD ha sufrido una intervención, has recibido una citación, tienes mercancía retenida, se ha abierto un procedimiento penal o necesitas revisar preventivamente tu actividad, es fundamental actuar cuanto antes.
Una mala declaración, una mala estrategia o una pericial incompleta pueden cambiar por completo el resultado del procedimiento.
Gómez Aguirre Abogados – Madrid Defensa penal especializada en delitos contra la salud pública, CBD, cannabis, cáñamo industrial, flores y resinas. Asistencia urgente a detenidos e investigados en toda España. @gomezaguirre_abogados
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